Apuntes sobre la piratería

Esto es un largo texto sobre la piratería (*) en la Argentina.

Quise escribirlo cuando la IIPA colocó al país en su priority watch list 2010. Es verdad que la instancia dicotómica entre original y copia se clausura ante lo fáctico. Tal vez, entre muchas otra cosas, internet, hoy, sea también la suspensión de ciertas dialécticas. Quedan entonces las opiniones variadas, las cifras concretas del fenómeno y la certeza de que el proceso ocurre en sincronía con su propia narración.


Un nuevo universo

Argentina tiene 20.000.000 de usuarios de internet. El crecimiento de usuarios creció el 700% en la última década. En el 2009 fueron dados de baja por intercambiar archivos de manera ilegal en Argentina 74.353 blogs, 740.014 links, 166.670 foros, 16.670 links P2P, 1.981 archivos de eDonkey y 32.378 sitios de música. Las industrias más afectadas son las de software, música y cine.

Vigilar, Castigar

“Cuando me preguntan por piratas, siempre digo que está mal atacar barcos”, suele bromear Richard Stallman. Sin flota a la vista, la Argentina, sin embargo, parece ser una nación “pirata”. La International Intellectual Property Alliance (IIPA), que nuclea a las empresas de música, cine y software más importantes de los Estados Unidos -lo que equivale a decir: a los propietarios de casi toda la industria del entretenimiento occidental- la considera así.

Pero el “libre intercambio” de archivos con bienes culturales  -por el que las industrias reportan pérdidas por casi U$S 1.112 millones al año- no es sólo un problema económico. También es la huella fresca de un conflicto sobre los modos en que se dirime el acceso -cada vez más instantáneo, masivo y vigilado- hacia un nuevo universo. ¿Un punto de quiebre para el comercio tradicional? ¿La gran revolución cultural de los últimos tiempos? ¿Puede controlarse perfeccionando la persecusión de usuarios?

Canciones y discografías. Películas nacionales y de Hollywood antes de su estreno comercial. Sistemas operativos. Juegos. Libros y revistas. No hay mercancía cultural que no pueda “piratearse” y conseguirse gratis a no más de tres clicks de distancia en la web. Y casi nadie que use una computadora ha dejado de hacerlo alguna vez; en ese sentido, todos somos “piratas”. Ese parece ser el gran vacío de sentido ante la ley.

La ley vigente prevee hasta 6 años de prisión para quien edite, venda o reproduzca “obras artísticas, científicas y literarias”. Trasladada sin consideraciones del ámbito real al digital, subir material a internet se considera “difusión”. Y bajarlo, “reproducción”. En el caso de la compra callejera, en cambio, la figura legal sería la de “encubrimiento”. Por lo que -según el artículo 277 del Código Penal- quien comprara cualquier material de origen fraudulento debería ser penado con hasta 3 años de prisión (algo sobre lo que no hay registro).

“La dicotomía ΄piratería΄ versus ΄libre circulación΄está teñida ideológicamente porque plantea la cuestión desde un solo lado: el de las empresas que pierden dinero”, dice Fabio Tarasow, responsable del posgrado de Educación y Nuevas Tecnologías de Flacso. “Internet debe consolidarse como un bien público y regularse a tal fin: las actividades que tienen lugar en internet ocurren desde sitios privados como Google. Por lo tanto, debe haber un replanteo del modelo de negocios. Lo han hecho diarios con sus portales de noticias y también músicos que han revalorizado los recitales en vivo por sobre la venta de discos”, explica.

“Un mayor consumo de bienes culturales no es sinónimo de una mayor democratización de la cultura. ¿Qué sería realmente ΄democratizar΄? Que todos pudieran producir y distribuir sus propios productos, como ocurre con la plataforma de videos YouTube”, afirma el especialista, convencido de que el método persecutorio de las empresas es de bajo alcance. “Cerrar un sitio de intercambio de archivos es multiplicar otros y, a la vez, la Ley de Propiedad Intelectual está atrasada respecto a la tecnología actual”.

Para los usuarios el hábito “pirata” parece naturalizado. Y nada demuestra que esa tendencia vaya a invertirse. Existe una generación de jóvenes para los que la posibilidad de entrar a una disquería y pagar por un CD con un puñado de temas suena tan improbable como cambiar su teléfono celular con wifi por un telégrafo. Y cada vez son más quienes prefieren bajar una película “gratis” y verla en casa -o comprarla por la tercera parte del valor de una entrada en la calle-, antes que someterse a los horarios y condiciones de consumo de un cine.

La pregunta, entonces, vuelve sobre las fronteras de la cultura. “¿Pero bajar la última película de Rocky Balboa es cultura? Se pueden hacer cosas en nombre de la cultura como derecho humano, pero habría que definir qué es cultural y qué es comercial. Porque quien quiere producir algo y difundirlo, más tarde no va a querer que le sigan tocando el bolsillo”, opina Juan Carlos Alesina, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y una amplia experiencia en “los nuevos escenarios de conflicto en internet”.

Alesina, además, es representante de la Asociación Argentina de Distribuidores Cinematográficos (AADC), uno de los rubros más perjudicados por la web. “El mercado legal fue superado por el pirata. Los 10.000 videoclubs que había se redujeron a 1000 en los últimos años. Hay condenados por piratería, unos 300 casos por año, pero es muy poco”, dice Alesina. Con 77 años de antigüedad, la actual ley de propiedad intelectual no parece ser la herramienta más eficaz ante la complejidad de una avalancha tecnológica. “Hay cuestiones educativas a mejorar, como difundir la idea de que los artistas necesitan de sus derechos para subsistir. Por eso vivimos con esta cultura del revival: no hay ideas nuevas porque no hay un retorno económico y valorativo asegurado para los nuevos artistas”.

-El cine pirata representa pérdidas por U$S 172.500.000

-El año pasado fueron importados al país 72.481.032 discos vírgenes para grabar DVD.

-El 68% de las películas circulantes provienen del mercado ilegal.

-El año pasado se hicieron 3500 allanamientos y se secuestraron 620.00 películas.

Piratería y Esquizofrenia

Quien ha enfrentado el dilema concreto entre “el acceso a la información” y “el derecho de propiedad” es el docente universitario Horacio Potel, recientemente sobreseido de una acción penal en su contra.

La Cámara Argentina del Libro quiso condenarlo por la creación de los sitios web “Derrida en Castellano”, “Heidegger en Castellano” y “Nietzsche en Castellano”, que reúnen textos de difícil acceso -por ausencia de traducciones, precios y ejemplares- de algunos de los filósofos más importantes del mundo.

“Antes de internet era muy fácil privatizar el conocimiento. Los propietarios privados decidían qué se debía leer, escuchar, contemplar, pensar. Un aparato de especialistas dictaminaban qué bienes culturales consumir en base a qué era más rentable”, dice Potel. “La industria editorial parece empeñada en no aprender y seguir apostando a la criminización de prácticas que están universalmente extendidas. Usar internet hoy es violar la ley obsoleta de derechos de autor. Y a la vez, es una muestra más de la esquizofrenia que nos guía. Nos venden cada día mejores y más rápidos planes de conexión, reproductores de música y video cada vez más vinculables a internet; en definitiva, nos venden el kit completo del pirata moderno en 50 cuotas mientras se sigue con la ley de propiedad intelectual de 1933 que criminaliza toda reproducción”.

Además de la reproducción digital, las fotocopias y el falsificado de best sellers son los principales problemas de la palabra en papel. Pero el Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA) ya vislumbra algunas respuestas. “CADRA permite que se fotocopie legalmente mientras el local o la institución educativa pague una licencia de reproducción que luego se distribuye entre autores y editores. Hoy tienen licencia la mayoría de locales de fotocopias, las bibliotecas más importantes y la UBA, entre otras universidades”, cuenta Gerardo Filippelli, representante de la organización. Por otro lado, el “ánimo de defraudación” de las reproducciones digitales, admite Filippelli, varía según el caso, por lo que debería llegarse a un sistema de gestión colectiva que equilibrara los derechos de los titulares y los usuarios de las obras.

Software Libre

Con U$S 645 millones perdidos el año pasado, el club de los perjudicados tiene en su podio a las empresas de software. “En internet se pierde la dimensión de la legalidad aunque no deje de existir dentro de la ley”, dice María de Monserrat Guitart, de la Business Software Alliance Argentina (BSAA), representante de los nombres más importantes de la industria del software en el país. Ante su calidad de “delito tolerable”, la BSAA busca mejorar la capacitación de los responsables de perseguir y castigar la piratería en la esfera pública y privada.

Ante la escasa respuesta legal, un caso paradigmático es el del Hotel Panatel, en Bariloche, al que se condenó con una indemnización superior a los U$S 25.000 por utilizar al menos 43 productos Microsoft sin licencia. “Hay casos concretos de detenidos por el delito de estafa, pero el delito parte de un problema cultural, porque las empresas de software no son rígidas con su oferta y sí tratan de hacer productos con precios accesibles para todos”, explica Monserrat, aclarando también ante quienes creen que las empresas monopólicas como Microsoft “merecen ser pirateadas”, que es un mito que las compañías extranjeras se perjudiquen así. “Por cada dólar de licencia que se vende en el país, queda en ganancias e impuestos el 35% de su valor en la Argentina, más los U$S 3,5 que se distribuyen también por actividades ligadas al soporte”.

Frente a la lógica privativa de las empresas de software, existen alternativas legales. El movimiento por el software libre liderado por Richard Stallman es un ejemplo. “La comunicación participativa, los medios alternativos y el software libre son un modo de resistir a los monopolios que se apropian del conocimiento”, dice Sebastián Vásquez, de FM La Tribu, una radio que funciona casi por completo con software libre, es decir, con programas diseñados y distribuidos sin ánimo de lucro sino de multiplicación libre del conocimiento. Como herramienta de trabajo, el software libre también resulta una base práctica para quienes comparten sin ánimo de lucro su arte en la web. “Trabajar con software libre implica renovar el modelo de negocio de la información. Es un proceso largo pero es también una apuesta política”, explica Vásquez.

La presencia del propio Stallman en el país sirvió para que el diputado Eduardo Macaluse presentara en el Congreso un proyecto para sumar el software libre a la administración pública, frente al uso de software de empresas privadas bajo licencia o por convenios. “Se sabe que los programas tienen la capacidad de enviar información hacia los fabricantes y eso a veces puede ser un peligro”, cuenta el diputado.

-En el 2009 se perdieron U$S 645.000.000 por el uso de software sin licencia.

-Argentina está entre los 10 países con mayor piratería de América Latina, sólo superado por Venezuela, México y Brasil.

-El último año se hicieron 28 allanamientos policiales por software ilegal en todo el país.

Todos a la Web

Otro ámbito donde la piratería suena fuerte es en el mercado musical. A nivel global, es la industria más perjudicada y mucha de la legislación moderna aplicada contra la piratería la tiene como punto de partida. Francia, por ejemplo, pena con hasta un año de desconección a quienes violen tres advertencias de la Alta Autoridad de Protección de Derechos sobre Internet.

“El Estado está obligado a actuar pero no lo hace, entonces los privados avanzan tratando de generar conciencia sobre cómo el perjuicio económico sobre los artistas consagrados perjudica el financiamiento para los nuevos talentos”, explica Javier Delupí, de CAPIF, entidad representante de la industria musical local.

Delupí reconoce que existen herramientas mediante las cuales los artistas pueden desarrollarse de manera independiente, aunque la garantía de distribución -dice- sigue estando en poder de los sellos discográficos. “Un sello se compromete a pagar un porcentaje de lo que se vende en discos. El artista gana lo suyo, pero se trata de entender la dinámica de producción: frente a la piratería, el lanzamiento de nuevos artistas disminuye”, explica.

En abril, sin embargo, un fallo de la Cámara Federal porteña que consideró que la venta callejera de discos “burdamente falsificados” no afectaba a los titulares de los derechos de propiedad intelectual -porque no implicaba “un engaño sobre el consumidor”- demostró que las diferencias de criterio existen y ponen en juego múltiples intereses. Y no sólo para las grandes corporaciones. “La piratería impone el no-hábito de comprar o pagar por contenidos musicales y esto es malo para todos los que generamos contenidos culturales en toda clase de soporte”, agrega Diego Zapico, de la discográfica independiente Acqua Records.

Por ahora, la avanzada del mercado musical sobre plataformas de venta online parece ser un salvavidas precario pero útil: el 15% de los ingresos del rubro en Latinoamérica ya proviene de internet, por lo que el campo de esa batalla entre productores y consumidores de cultura seguirá siendo la web. Y por el mero hecho de acceder a la red, ningún “pirata” está fuera del debate.

-Las pérdidas por la música pirateada son de U$S 296.250.000

-El 60% del mercado musical en soporte físico es ilegal.

-El 99% del mercado musical en internet es pirata.

-La cantidad de temas bajados sin autorización supera los 600 millones.

-Equivale a 40 millones de álbumes.

(*) Una versión más breve se publicó en los medios tradicionales.